DECRETO DE AUSTERIDAD PARALIZARÁ FUNCIONAMIENTO DE ATENCIÓN A VICTIMAS

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrendasu compromiso con la defensay protección de los derechos humanos, y lo honrará bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparenciay rendición de cuentas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que el Decreto por el que se establecen las
medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus
actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un
impacto mayúsculo en su funcionamiento. La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que
opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el
origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además,
heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46
juicios laborales por montos millonarios.
Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38
del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento
del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar
que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las
personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada,
ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Es preciso señalar que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para
la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y
protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras,
bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas.
A continuación, algunos ejemplos del impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto
disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios
Generales:
• El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la
mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los
recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los
388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
• No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales
ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
• El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará
demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
• Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos
personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
• El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para
que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los
asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas
diligencias.
• La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874
víctimas al año.
• No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
• Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay
en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y
orientación jurídica.
• El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano
en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos
laborales promovidos contra la CEAV.
• Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán
rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos
para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones
ni compensaciones.
• No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de
derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas
puedan acceder a la compensación.
• No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité
Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.
• No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del
Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.
• Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de
los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana,
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino
Royale, entre otros.
• Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con
estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos.
• Desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.
• No será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI),
debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría
Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno.
• Será imposible atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa
de la desarticulación del área responsable.
• La Oficialía de Partes, que recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá personal para
atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, FGR, Comisiones
Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, entre otras.
• Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de
sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.
• Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación
digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las
víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al
desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera que atender a las víctimas del Estado y garantizar
sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.

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